Panaut en suspenso, ¿y ahora qué?

[Publicado el 23 de junio de 2021 en Reforma]

In memoriam de Carlos Gidi, ciudadano valiente y generoso.

No hay libertad sin libertad económica, como lo manifestó Ricardo Flores Magón poco antes de que estallara la Revolución Mexicana. Y en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su controversia constitucional contra el vilipendiado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), la revolución le hizo justicia tras la suspensión otorgada por la ministra Norma Lucía Piña, después de que fuera tan criticado el IFT por tener como eje de litigio el tema presupuestal.

Las controversias constitucionales proceden cuando un órgano constitucional autónomo (p. ej. el IFT) estima que un poder público (p. ej. el Congreso de la Unión) invadió sus facultades. Al aprobar las reformas a la ley para crear el Panaut, se ordenó al IFT que emitiera las reglas del Panaut, creará su plataforma, realizara campañas de información para que los usuarios de telefonía móvil se inscribieran dando datos biométricos y si no, se cancelaría la línea. Eso lo tenía que realizar el IFT con cargo a su presupuesto aprobado para este año y los subsecuentes.

El IFT desde la Constitución goza de autonomía para ejercer su presupuesto, de ahí que la suspensión de la Min. Piña Hernández esté construida con base en ella, al considerarla una precondición de la autonomía misma del IFT y merecedora de la tutela que debe velar por “el delicado equilibrio de poderes trazado por el Constituyente”. Esta controversia se convertirá en un hito donde el IFT podrá salir fortalecido.

Si bien la garantía de autonomía presupuestal es un elemento esencial para el litigio del IFT, los conceptos de violación van más allá. En primera porque el IFT como regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene un un mandato también como garante de los derechos humanos de los artículos 6º y 7º de la Constitución en relación al derecho de acceso a telecom y al internet, a la libertad de expresión y al derecho a la información. De ahí que como elementos de ataque frontal al Panaut son que, de obligarse al IFT a implementarlo, le impediría actuar eficazmente en ejercicio de sus facultades.

Más aún, si el IFT debe velar por el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y los derechos de los usuarios, echar a andar el Panaut está en oposición directa al derecho de acceso a las telecomunicaciones, pues tendría el IFT que ordenar la cancelación de las líneas de aquellas personas que no quieran que sus datos biométricos estén en el Panaut, por ejemplo. En pocas y breves, el IFT se defiende
también porque su facultad de emitir disposiciones de carácter general no pueden usarse contra su razón de existir.

Ahora, si la suspensión fue otorgada porque no dieron presupuesto al IFT, ¿qué pasaría si para 2022 le dan dinero para el Panaut? La Corte puede modificar la suspensión por hechos superveniente, pero ¿podría la Corte avalar que si le dan dinero puede el IFT pasar por alto su mandato constitucional? Lo dudo, porque estaría muy cuesta arriba. Y más aún cuando la Corte fue enfática en que el IFT y el Congreso de la Unión (también operaría para el Ejecutivo Federal), están al mismo nivel y que no existe subordinación de uno a otro, salvo tratándose de materias que estén sujetas a reserva de ley (CC 117/2014) y que no es el caso de la autonomía presupuestal.

Finalmente, ¿qué pasará con los juicios de amparo promovidos por ciudadanos, ONGs y las operadoras móviles contra el Panaut? La controversia constitucional es un procedimiento diferente que si bien no se contrapone con lo que se resuelva en las suspensiones que han sido otorgadas en los amparos, sí puede influir. Es sabido que los amparos ciudadanos en el Juzgado Segundo Especializado en Telecomunicaciones recibieron la suspensión, así que podrían los Tribunales Colegiados que la revisarán, negar la suspensión definitiva. Pero en cualquier caso, la suspensión dada al IFT es un respiro para todas aquellas personas preocupadas por la creación del Panaut.

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