Enfoque recaudatorio, ¿apropiado?

Siempre ha existido una tensión entre la finalidad recaudatoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aquella para dar cobertura de telecomunicaciones, buscando una prevalecer sobre la otra cuando se trata de imponer contribuciones (derechos) por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Lo ideal sería poder lograr recaudar lo más posible, permitiendo una amplia prestación de servicios por parte de diversas empresas del sector privado. Pero lo ideal está muy lejos de lo real en este caso.

El proyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos presentada por el Ejecutivo Federal establece modificaciones para que se pague más por usar ciertas bandas actualmente concesionadas (p. ej. banda 800 MHz) y para establecer cuotas para bandas por licitarse (p. ej. banda 600 MHz). La finalidad genérica pudiera parecer atendible: actualizar los costos al “verdadero valor” con base en “referencias internacionales”. Sin embargo, esto requiere precisiones y analizar el impacto (negativo) en la prestación de telecomunicaciones a cambio de obtener ingresos que se irán al Erario sin un destino específico a la cobertura de telecomunicaciones, ni a la inclusión digital.

México tiene fama de cobrar caro por el uso de frecuencias de telecomunicaciones, pero como toda generalización peca de simple. Lo que es un hecho es que Telefónica Movistar que tenía en su haber concesiones en distintas bandas de frecuencias, inició el año pasado un plan para devolverlas todas al Estado mexicano y que concluirá en 2022. Ciertamente la devolución obedece a varias razones de negocio, pero una que habrá pesado es el pago de derechos anuales por tener esas frecuencias.

Las referencias internacionales para determinar el monto de lo que se piensa recaudar es un parámetro que tiene que utilizarse junto con otros criterios, porque los países y regiones pueden tener distintas atribuciones de servicios en las mismas bandas de frecuencias, diferentes niveles de ocupación de bandas y de competencia, necesidades variadas, etc. Adicionalmente, un concesionario de telecomunicaciones móviles para prestar sus servicios utiliza una mezcla de bandas de frecuencias, porque unas son para dar cobertura y acceder al usuario final, y otras son apropiadas para brindar gran capacidad de transmisión.

El incremento en el pago de derechos por uso de frecuencias es posible que genere algunos ingresos, pero no debe perderse de vista que para los operadores esa alza repercutirá en sus costos de operación. Y estos tienen un impacto muy distinto según el tamaño de operador: si el pago de derechos a Telcel se estima que representa un 3% de su costo, para sus competidores puede ser de entre 10 y 14%. Lo anterior en una época de reducción de ingresos de los operadores y desconexión de líneas, no es una buena decisión.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha pronunciado por una reducción del monto de estos derechos y para las licitaciones que pensaba realizar este año, el aumento tendrá repercusiones. Al realizar un caso de negocios, los inversionistas estiman cuánto les costará obtener el derecho de usar las frecuencias que se forma por la contraprestación que darán en la licitación (pago de una sola vez al inicio) y el pago de derechos (a lo largo de la vigencia de la concesión, 20 años). Si los derechos suben, la contraprestación que ofrecerán bajará, así de simple.

Aunque el proyecto de reforma refiere a dar la posibilidad de que entren nuevos participantes en el mercado, la probabilidad es baja. Por lo que la Cámara de Diputados y el Senado deberán evaluar la pertinencia y la oportunidad de realizar el alza de estas contribuciones que ha unido en contra a voces antagónicas del sector. Si se busca recaudar más, hay mejores caminos para hacerlo y más cuando las telecomunicaciones son una tecnología de propósitos generales como la electricidad, que si se incrementan sus costos, repercute en el resto de las actividades económicas y sociales.

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