CDMX-Telmex

[Publicado el 22 de enero de 2020 en Reforma]

“Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor. Las licitaciones mediante concurso deberán ser el método habitual en la contratación pública, como instrumento adecuado que son para lograr la eficiencia, combatir la corrupción, obtener unos precios justos y razonables y garantizar unos resultados competitivos.” (OCDE).

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) a cargo de José Merino adjudicó nuevamente de manera directa a Telmex servicios de telecomunicaciones para la Ciudad de México por más de 962 millones de pesos, argumentando que “no había otro proveedor que en 6 meses tuviera garantía de provisión de servicios” (Reforma). No obstante ello, la Canieti manifestó su objeción y cuestionó los supuestos ahorros que pregona la ADIP, porque no existe otra oferta contra LA cual confirmarlos o, dicho de otra manera, las reducciones en costos de Telmex son respecto a su propia oferta.

Diseño. La adjudicación directa en los últimos días de 2018 por la ADIP se entiende por la inminente conclusión del contrato anterior, lo que es cuesta arriba justificar es que en un año no se haya hecho lo necesario para un proceso que fomentara la participación de otros. Es un proyecto en la Ciudad de México, la más competida en cuanto a operadores de telecomunicaciones, con una geografía menos extensa y menos accidentada que otras zonas del país, lo cual facilitaría una mayor concurrencia.

ADIP ya anunció que se licitarán 5 zonas para lo que llama Ciudad Digital en el segundo semestre de este año, pero nada se dijo de iniciar con la licitación para la Ciudad Segura que es el contrato más oneroso. Si ADIP no inicia hoy con el diseño de las licitaciones para Ciudad Digital y Ciudad Segura, no dude que veremos nuevamente a Telmex e incluso por adjudicación directa para 2021, lo de Ciudad Segura.

Preponderancia. Las medidas impuestas a Telmex como preponderante incluyen la equivalencia de insumos, replicabilidad económica y técnica. ¿Los servicios, equipos y precios ofertados cumplen con las medidas de preponderancia? El Instituto Federal de Telecomunicaciones debe supervisar e informar sobre ello. Y la ADIP debiera saber las medidas de preponderancia a que está sujeto Telmex y su obligación de compartir infraestructura, con lo cual vería diluida su justificación para la adjudicación directa.

Despliegue de Red. Sin demeritar lo benéfico de los puntos de internet gratuito que ha logrado CDMX, debe haber regulación que permita el despliegue de infraestructura de red de telecomunicaciones abierta a todos, en términos transparentes y objetivos. Si la ADIP pretende construir una red troncal, los mismos derechos que goce para el despliegue de red, lo deberán tener los demás operadores y proveedores de infraestructura para respetar la neutralidad a la competencia.

(Sin) Libertad de Expresión. El (supuesto) borrador de reformas al Código Penal Federal que pretendidamente se presentaría al Senado, echa por la borda las conquistas en libertad de expresión que tanto han costado forjar. Imagínese que si usted expresa algo “que pueda perjudicar la reputación del agraviado”, incurre en un delito contra la justicia cívica. También cometerá ese delito si comunica un hecho cierto “que pueda causarle deshonra, descrédito” a otro. Si ejerciendo su libre expresión, critica a una institución pública o a una persona física o moral para desprestigiarla, cometerá el delito de ataques contra el orden y la paz pública. Incluso el borrador haría que la directora o director de Google, fuera responsable por información y opiniones que se difundan en su medio. La libertad de expresión no debe criminalizarse, sino sujetarse a responsabilidades civiles ulteriores, de lo contrario la democracia y demás derechos humanos se debilitarán.

 

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