Telefónica y la Corte, ¿una bomba?

[Publicado el 07 de noviembre de 2018 en Reforma]

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y, concretamente la Primera Sala que preside la Min. Norma Lucía Piña Hernández, discutirá un proyecto que incidirá en los recursos que tendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero fuera de la coyuntura política, el proyecto a cargo del Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que propone amparar a Telefónica requiere mayor análisis y reflexión para evitar que se convierta en una bomba de explosión inmediata.

La Constitución establece que se construirá una red pública compartida mayorista para llevar servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes, que se destinará la banda de 700 MHz, que tendrá que compartir su infraestructura y que sus clientes serán únicamente otros concesionarios y operadores de telecomunicaciones, entre otras cargas regulatorias.
El Congreso de la Unión con base en la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en colaboración con el IFT, estableció en 2015 que por el uso de la banda de 700 MHz se pagaría una tarifa reducida por las cargas regulatorias que tiene, y con la finalidad de que pudiera lograr más cobertura y se pudieran atraer más participantes en la licitación que se llevaría a cabo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las batutas de Mónica Aspe y Edgar Olvera, licitó para encontrar quien desarrollara esa Red Compartida. A pesar del pago de derechos reducido (o a decir de Telefónica “subsidiado”) y con todo y que se le redujo la meta de cobertura al 85% de la población, sólo existió un participante, Altán Redes, y quien resultó a la postre ganador. El proyecto del Min. Gutiérrez pasa por alto estos aspectos que son relevantes y que se encuentran en la Constitución y en el dictamen que aprobó la Ley Federal de Derechos.

El proyecto dice que debe ampararse a Telefónica porque el Congreso de la Unión está tratándola inequitativamente. Pero el proyecto parte de una premisa errónea al decir que como las bandas en las que opera Telefónica prestan servicios móviles iguales que la banda de la Red Compartida, además de que se dividen en áreas geográficas y se cobran por kHz, entonces deben pagar lo mismo. ¡No! La Corte debe tomar en cuenta que Telefónica y Altán están en circunstancias distintas impuestas por sus títulos de concesión y por la Constitución misma en el caso de Altán.

El proyecto dice que los derechos deben basarse en la relación costo-beneficio, poniéndose camisa de once varas, porque tendría que distinguir para quién es el beneficio, ¿para los accionistas de Telefónica o para los usuarios de telecomunicaciones? Como está el proyecto, el beneficio es para los primeros.

El proyecto dice que el pago de derechos es una contraprestación, sin darse cuenta que con eso puede abrir la puerta a nuevas impugnaciones, porque si es una contraprestación lo que está en la Ley Federal de Derechos y también es una contraprestación lo que pagan conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entonces estarían pagando doble por lo mismo. ¿Quiere este cambio la Corte que es opuesto a lo que ella misma ha resuelto antes?

La Corte debería mejor evaluar si el Congreso de la Unión justificó (motivó) debidamente el pago de derechos para establecer esa tarifa reducida, lo cual obligaría a que a partir de ahora, la fijación de los montos de derechos por el uso de frecuencias respondan a criterios objetivos, transparentes y disponibles de manera pública. Porque hoy por hoy queda claro que no puede ser la misma tarifa que pague Telefónica, Telcel o ATT que la que pague Altán, pero la pregunta que sigue vigente es, ¿la tarifa reducida con base en la carga regulatoria impuesta es razonable y proporcional?

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Publicado el: 13 noviembre, 2018

Categoría: Espectro radioeléctrico

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