¿Destituir al Presidente? [Sobre repetición de acto reclamado]

[Publicado en Reforma el 3 de enero de 2018]

La destitución de servidores públicos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por incumplimientos en materia de juicios de amparo en 2017 se recuerda por la del delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno, por inejecución de una sentencia. Este 2018 podrían inaugurarse las destituciones con la del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, por repetición de acto. Casos muy distintos, uno por negligencia y desacato de Moreno, y el de Contreras en el que sin existir dolo y quizá por una interpretación diversa, podría llevarlos a lo mismo.

Antecedentes. Telcel cobraba tarifas a sus competidores (tarifa Off-Net) que eran superiores a aquella que daba a sus clientes (tarifa On-Net), por lo que al ser dominante en telefonía móvil podría considerarse una práctica monopólica relativa. Desde 2006 se abrieron sendas investigaciones por la extinta Comisión Federal de Competencia (Cofeco), uno de los cuales fue por denuncia de Cablemás. Cofeco fijó una multa multimillonaria en 2011 contra Telcel, pero este presentó unos compromisos de “portarse bien” y con ello se estimó que el proceso de competencia y libre concurrencia había sido “restaurado”. Cofeco cerró la investigación iniciada por Cablemás aduciendo que se trataba de los mismos hechos, en el mismo tiempo y por el mismo agente. Contra el cierre, Cablemás ganó un amparo en el que la SCJN ordenó que no se cerrara el expediente, sino que se investigara y resolviera sobre los hechos denunciados.

Al crearse el IFT, heredó el boomerang. Reabrió la investigación (con eso cumplió con el amparo), siguió un procedimiento seguido en forma de juicio y concluyó nuevamente que se debía cerrar el expediente. Por separado le dio palomita a Telcel diciendo que había cumplido con sus compromisos.

¿Ignoró IFT a SCJN? La repetición del acto refiere a que ya fue cumplida la sentencia de amparo (a diferencia del caso Moreno que jamás fue cumplida), pero en un acto posterior, se insiste en un acto igual a aquel por el que se recibió el amparo. El condenar la repetición busca evitar que se burle a la justicia y se perpetúe la violación de derechos. Puede ser deliberadamente la repetición (dolo) o sin intención. Cablemás argumentó que el cierre por el IFT se trata de una repetición de acto, el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en competencia dictaminó que sí es una repetición y el proyecto en la SCJN también lo confirma, ¿por qué? El IFT a pesar de argumentar que no podía juzgar dos veces a Telcel por la misma conducta y de que ya es cosa juzgada el caso de las tarifas Off-Net y On-Net, termina cerrando el expediente sin haber resuelto sobre el fondo del asunto que son los hechos denunciados por Cablemás y por los que pudo haber resentido daños y perjuicios.

Ilusorio. A diferencia de EUA donde la competencia económica viene desde el siglo XIX, en México seguimos en pañales porque inició en 1993. Aunque ha habido avances, la recuperación de los daños sufridos por una práctica monopólica son aún una ilusión. Este caso exhibe los retos que se tienen: se dice que se ha “restaurado” el proceso de competencia, pero ¿qué pasa con los daños ocasionados? ¿Algún día se resarcirán? ¿Es una carrera de relevos interminable para recuperarlos? ¿Algún día se logrará una justicia pronta y expedita en daños? Está el caso del IMSS donde las prácticas monopólicas absolutas fueron comprobadas hace años pero sigue pendiente la reparación efectiva del daño.

Escape. El IFT parece contra la espada y la pared: no puede juzgar nuevamente a Telcel pero tampoco puede darle carpetazo al expediente Cablemas vs. Telcel. El presidente del IFT que, según la Constitución sólo puede ser destituido por el Senado por causa grave, será destituido como cualquier servidor público de menor nivel. Sin embargo, el proyecto de la SCJN tiene la ventana de escape para evitarlo: antes de que la SCJN decida, el IFT debe resolver el expediente pronunciándose sobre los hechos y sin que ello implique sancionar nuevamente a Telcel. ¿Quebranta esto la autonomía del IFT? ¿Es una concertacesión o es para evitar que bajo argumentos distintos puedan repetirse actos inconstitucionales?

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