Balanza en Telecom [A 3 años de la nueva ley]

[Publicado en Reforma el 19 de julio de 2017]

A 3 años de la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como parte de las llamadas reformas estructurales, el balance no es tan favorable como lo pregona el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Veamos.

Preponderancia. El determinar a América Móvil como preponderante en telecomunicaciones y a Televisa en radiodifusión fue –aparentemente- de los logros de la reforma. Sin embargo, tiros y troyanos dicen que no ha funcionado. Los preponderantes dicen que las medidas les han generado costos innecesarios; sus competidores dicen que las medidas se han quedado cortas. Entonces, ¿a quién sirve la preponderancia?

Por si fuera poco el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha hecho licitaciones para la auditoría a los preponderantes. Aquellas para Televisa, se han declarado desiertas. La última para auditar a América Móvil ha sido un escándalo, porque se dice que el consorcio ganador pudo haber representado a América Móvil en otros tiempos y en otro país. Pero lo que subyace es que faltan firmas libres de conflicto de interés, porque tanto es importante que carezcan de vínculos profesionales con el preponderante como que no estén prejuiciados por ser firmas que han representado a los competidores. ¿Encontrarán algún día auditores libres de verdad?

Dominancia. Televisa como dominante en televisión restringida sólo ha quedado en algo declarativo y decorativo. La dominancia debe ir de la mano de medidas especiales para evitar que abuse de su poder de mercado, pero hasta ahora ni las luces de éstas.

Audiencias. Nada de lo que fuera una de las conquistas sociales de la reforma, los derechos de audiencias, se ha difundido en los medios. Hay 2 controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los lineamientos de estos derechos emitidos por el IFT, el IFT postergó su entrada en vigor y la Cámara de Diputados emprendió una (contra)reforma a los derechos de las audiencias. Es decir, se otorgaron derechos a los ciudadanos, jamás se difundieron y ahora se les pretenden quitar.

Tarifa Cero. Sin sustento en la experiencia de otros países, sin análisis especializado del IFT, fue la imposición en la ley de la prohibición a Telmex y Telcel de cobrar por la terminación de llamadas en sus redes (tarifa cero). Dicen que será un desastre si la SCJN determina que la tarifa cero es inconstitucional. La SCJN debe resolver a la luz de la Constitución y si es inconstitucional, el desastre lo creó el Congreso de la Unión y los legisladores que la aprobaron debieran ser sujetos al daño patrimonial que se le pudiera reclamar al Estado mexicano.

Tarifas al consumidor. Sólo algunas tarifas se han reducido como las de telefonía móvil, pero otras no. ¿Fue resultado de la reforma o de la evolución tecnológica y la competencia?

Medios indígenas y comunitarios. La ley ordenó que el 1% de los presupuestos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental fueran distribuidos entre los medios de radio y televisión que sean indígenas o comunitarios. Al día de hoy sólo el IFT ha cumplido con este mandato, ninguna otra dependencia, ni siquiera la Secretaría de la Función Pública que debiera dar ejemplo de cumplir con la ley, lo ha hecho.

Telecom incluyentes. El 14 de agosto próximo debieran tener subtitulaje en su programación de 6-24 horas los canales 2 y 5 de Televisa, 7 y 13 de TV Azteca, Canal Once, Canal 22, TV UNAM, el Canal del Congreso y los del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para permitir que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder en igualdad de circunstancias que las demás, ¿cumplirán o los exonerarán?

En otros. Por increíble que parezca y por más que el gobierno mexicano ha impulsado el sistema de juicios orales, el gobierno de Baja California Sur a cargo de Carlos Mendoza Davis con tal de propinar un golpe bajo a los defensores de derechos humanos y medioambientales de BCS, ha preferido someter a uno de ellos, John Moreno, al antiguo sistema penal con tal de evitar que éste pueda seguir en libertad el juicio que en realidad es un ajuste de cuentas del gobierno contra activistas. ¿Hasta cuándo las violaciones a defensores de derechos humanos?

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