¿SCT apesta? [Red Pública Compartida Mayorista y su licitación]

[Publicado en Reforma el 9 de noviembre de 2016]

El mayor proyecto de infraestructura de telecomunicaciones de todos los tiempos en México, la red pública compartida mayorista, prevista en nuestra Constitución, está una vez más a debate. El CEO de Rivada –Declan Ganley- uno de los dos consorcios que participaban en la licitación dijo que el proceso “apesta”, después de ser descalificado por no haber presentado en tiempo la garantía de seriedad por 1,000 mdp. En un país de corrupción no es extraño que se descalifique cualquier acto gubernamental, pero ¿se descalificó a Rivada porque hay un ganador preseleccionado? ¿Hay otros aspectos graves? Veamos.

1. Desde la publicación inicial de las bases en enero de 2016, el consorcio encabezado por Rivada sabía que si no presentaba la garantía de seriedad con su oferta técnica lo iban a descalificar. No es el caso de que se hayan movido los postes, en este punto la portería siempre estuvo en el mismo sitio. Ganley en lugar de despepitar por tuiter, debiera llamar a su equipo a rendirle cuentas, porque ser descalificado por eso, es de pena. ¿Tenía Rivada una mejor propuesta tecnológica? No se sabe, pero incumplió las bases.

2. ¿Podía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgar una prórroga? No. Aunque se pretende argumentar que la SCT está descalificando por “tecnicismos de antaño” y a pesar de que la Ley de Asociaciones Público Privadas da un margen de discrecionalidad para obtener las mejores condiciones, en este caso las bases mismas -las reglas del juego- establecieron la garantía de seriedad no como algo conveniente, sino indispensable y –que no se llamen a sorpresa los Rivada y compañía- la consecuencia de la omisión de la garantía de seriedad dentro de la oferta técnica expresamente era la descalificación.

No olvidemos el nefasto precedente realizado con las prórrogas a Unefon por parte de Javier Lozano Alarcón cuando era presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En aquella época aun cuando las bases establecían que si los ganadores de la licitación no pagaban la contraprestación serían descalificados, Lozano otorgó –al margen de la ley- dos prórrogas e hizo que Unefón pagara intereses sin un fundamento legal. Esos intereses después tuvieron que devolverse a Unefón.

3. Neutralidad a la competencia vs. a la contienda. El Instituto Federal de Telecomunicaciones al analizar si otorgaba su opinión favorable a los consorcios Rivada y su competidor Altan, puso el dedo en la llaga. Si Altan está recibiendo financiamiento público, ¿se quebranta la neutralidad a la competencia? ¿Recibirá tasas y condiciones preferentes a los que otros agentes de mercado no tienen acceso?

Las bases no prohíben expresamente que los consorcios reciban financiamiento público, pero esto no sólo parece un quebranto a la neutralidad respecto de otros agentes de mercado como puede ser América Móvil, Telefónica o Televisa, sino que evidencia que puede haber una violación a la equidad que debe prevalecer en las licitaciones públicas.

Es cierto que es normal en proyectos de infraestructura recibir financiamiento público o de entes internacionales, pero se financia el proyecto y no a un consorcio en particular. Queda la duda si Rivada tuvo las mismas oportunidades de recibir el financiamiento de banca de desarrollo que Altan recibió. Y esto sí debe ser analizado y resuelto por la SCT, porque el vicio no estaría en la descalificación de Rivada, sino en el trato preferente en financiamiento a Altan, la distorsión a la competencia y el uso de recursos públicos para financiar un negocio privado.

4. ¿Debiera Altan ser descalificado? Las bases señalan que es causa de descalificación si algún concursante es “asesorado” por personas que hubieren participado o asesorado a la SCT o al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) dentro de los 12 meses previos a las bases. Altan tiene como parte del consorcio a la Corporación Financiera Internacional (CFI) que es parte de Banco Mundial (BM), el presidente de BM es también de CFI y BM asesoró en algún momento a la Cofetel/IFT. Si BM/CFI no asesoró a la SCT, ni a Promtel, o aunque lo haya asesorado, no fue dentro del plazo de los 12 meses, entonces no existe razón para descalificar.

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