Bartlett vs. Lozano [Libertad de expresión y honor]

[Publicado en Reforma el 14 de septiembre de 2016]

Javier Lozano y Manuel Bartlett en 2012 eran candidatos a senadores por Puebla. En medios de comunicación, Bartlett opinó sobre la actuación de Lozano en los escándalos de la liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo relativo al sindicato minero en Lázaro Cárdenas y diciendo que el expediente sobre corrupción de Lozano era enorme. Acto seguido, Lozano demandó a Bartlett por daño moral. Este asunto es de enorme relevancia dado que hoy día la libertad de expresión en México está en riesgo por demandas contra periodistas que están inhibiendo el periodismo de investigación y la crítica, tal como lo expuso el New York Times (http://nyti.ms/2cV1YOf).

Aunque figuras públicas como Lozano, Humberto Moreira y Joaquín Vargas, deben soportar una crítica mayor, sus pieles son muy delgadas a la crítica y han buscado con sus demandas inhibir la opinión y el debate. Pero el caso Lozano vs. Bartlett les debiera dar una lección, porque bajo el patrocinio del exitoso abogado poblano Carlos Meza Viveros -quien también obtuvo sentencia favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para excluir a las expresiones homofóbicas de la protección de la libertad de expresión (AD en Rev. 2806/2012)-, no sólo consiguió que conforme a las decisiones de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se absolviera a Bartlett sino que ahora Lozano deberá pagar los gastos y costas en que incurrió Bartlett durante los casi 3 años y medio que duró el litigio, por lo que podría verse obligado Lozano a pagar varios millones de pesos.

En paralelo, la SCJN en mayo de este año abrió la puerta para que haya más demandas contra comunicadores, al equiparar el derecho a indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos por el Estado con aquellas entre particulares. Y aunque la Corte señaló que el juez al fijar la indemnización por daño moral debe advertir que la posición del periodista es “desventajada (…) en virtud de su labor de informar y emitir opiniones” (AD en Rev. 3236/2015), el boquete ya se abrió.

Vargas demandó días después de la resolución de la SCJN a Carmen Aristegui por el prólogo al libro La Casa Blanca de Peña Nieto publicado en octubre de 2015. Moreira demandó en junio de 2016 a Sergio Aguayo por un artículo publicado en enero. ¿Por qué dejaron pasar tantos meses si su honor estaba en juego? Es posible que sea porque la SCJN eliminó el monto máximo por daño al honor cuando se ejerce libertad de expresión previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México.

MVS y Vargas han demandado varias veces a Aristegui, sin que el aspecto jurídico de fondo sirva más que como pretexto del acoso a la periodista. La última demanda de Vargas fue por daño moral contra Aristegui y Penguin Random House reclamando a Aristegui una indemnización y la prohibición de referir al prólogo, y a la editorial que retiren el libro de la circulación y si lo reimprimen que omitan el prólogo. Vargas como figura pública sabe que está sujeto a críticas mayores, el prólogo tiene un lenguaje apropiado y se trata de juicios de valor. ¿Por qué demandar a Aristegui y no a otros que han escrito más duro contra Vargas? Para crear un silenciamiento de voces críticas, auspiciado quizá por el gobierno federal. Esto tiene un impacto negativo en el derecho a la información de los mexicanos, por lo que bien harán los jueces en desestimar la demanda y condenar a Vargas por los gastos y costas del juicio.

Moreira demandó a Aguayo por daño moral por 10 millones de pesos por un artículo en el que éste expresa su opinión sobre corrupción, impunidad y omisión ante violaciones de derechos humanos. Que dicho sea de paso, es un hecho notorio que en varios estados de la República Mexicana, los gobernadores pueden ser culpables por ese tipo de omisiones. El artículo fue escrito cuando Moreira fue detenido en España, no cuando ya había sido absuelto. Esto independientemente de que las opiniones expresadas por Aguayo no pueden equipararse a la malicia efectiva. Este juicio durará varios años y deberá concluir con la absolución de Aguayo y la condena a Moreira para el pago de gastos y costas.

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