ATT y la punta del iceberg

[Publicado en Reforma el 17 de agosto de 2016]

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha determinado iniciar un procedimiento de sanción contra ATT. El caso debiera ser la punta del iceberg para retomar temas pendientes en cuanto a datos personales de usuarios de telecomunicaciones, y sobretodo en la transparencia y rendición de cuentas que debería haber en México.

Antecedentes. Los datos de quien y a quien le llama o envía un mensaje de texto, su duración/fecha, etiqueta de localización, etcétera, de las comunicaciones de usted y míos como usuarios de telecomunicaciones se están almacenando en bases de datos de las empresas de telecom por 24 meses. Se supone que las “autoridades competentes” conforme a las “leyes correspondientes” pueden pedir a las empresas de telecom esos datos y además solicitar que se ubique el sitio donde se ubica un teléfono móvil en tiempo real (geolocalización), pero ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni autoridad alguna se ha atrevido a proporcionar un listado de qué autoridades y bajo qué supuestos está permitido.

Es una lástima que el INAI haya omitido presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de esto en 2014 y que las empresas de telecom tampoco se ampararán, porque quizá la historia hoy sería distinta y mejor. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que una autoridad competente pueda acceder a los datos de las comunicaciones se requiere orden judicial por estimarse ser un tipo de intervención de comunicaciones, ello no es un requisito para la geolocalizción.

Caso ATT México. Un cliente de ATT pidió a ATT el acceso a los datos que esta almacena sobre sus comunicaciones. ATT respondió que esa información es para las autoridades, pero finalmente le entregó 755 páginas con información y siglas que dificultan su comprensión. El cliente fue al INAI para quejarse y este inició un procedimiento. ATT jamás se presentó al INAI, ni aparece que haya querido conciliar con el cliente, lo cual es extraño. Así que el INAI ordenó el inicio del procedimiento de sanción contra ATT.

Transparencia. Más allá del caso en concreto, en México es inexistente un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del uso que las autoridades hacen cuando acceden a nuestros datos personales de comunicaciones, de la geolocalización e incluso de intervención de nuestras comunicaciones.

La Ley de Seguridad Nacional supuestamente establece un escrutinio a través de la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, pero no exige presentar un detalle de la utilización de la intervención de comunicaciones o geolocalización, ni mucho menos si usarlos ha rendido frutos. Ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene algo al respecto. Los Lineamientos de Colaboración en materia de Seguridad y Justicia del IFT piden a las empresas de telecom que entreguen semestralmente información estadística del número total de requerimientos de geolocalización y de entrega de datos de comunicaciones, por autoridad, pero esa información sólo parece que la harán pública de manera genérica sin identificar por empresa de telecom y por autoridad, además de que omiten el número de otro tipo de intervenciones de comunicaciones como la de llamadas.

Los portales de internet de Telmex, Telcel, Movistar y ATT en México, no presentan información estadística de estos temas. Sin embargo, ATT en EUA tiene un informe detallado sobre cuántas solicitudes y de qué tipo recibe tanto de autoridades de seguridad nacional como de otras autoridades en casos civiles y criminales (soc.att.com/2aY5WsP). También refiere que a nivel internacional sólo México y EUA tiene lo de geolocalización, presentando información estadísitica de México (soc.att.com/2aYdR9v).

Paso siguiente. La información que almacenan las empresas de telecom seguramente sí se la proporcionarán al titular de la cuenta. Pero, ¿informarán estas a sus clientes sobre qué autoridades han solicitado acceso a su información? ¿Lo harían las autoridades? ¿Esto debiera ser también materia del acceso a los datos personales o no? ¿Qué dirá el INAI?

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Publicado el: 22 agosto, 2016

Categoría: Espionaje, Telecomunicaciones, Usuarios telecom

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