Colusión contra Mexicanos

[Publicado en Reforma el 30 de marzo de 2016]

El Instituto Mexicano del Seguro Social está otra vez en la mira por una posible colusión entre empresas que participan en una licitación de pruebas de laboratorios y diagnósticos por alrededor de $10,500 millones de pesos y que está dividida 37 partidas en 8 regiones. En audios difundidos a través de YouTube se presentan las voces que presumiblemente son de personas de Instrumentos y Equipos Falcón y Centrum Promotora, donde se reparten las regiones para el concurso.

De ser verdaderos los audios, se estaría ante prácticas monopólicas absolutas (PMA), lo más perjudicial para un mercado en competencia, sancionable por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Además habrían infracciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas punibles por el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS.

Antecedentes. Entre 2003 y 2006 empresas como Baxter, Fresenius, Eli Lily y Pisa realizaron PMA en contrataciones por el IMSS de insulina humana, sueros y soluciones electrolíticas. El perjuicio se estima en 622.7 millones de pesos. En abril de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la investigación de la entonces Comisión Federal de Competencia, así como el uso de pruebas indirectas tales como análisis económicos, porque es evidente que quien comete un delito tal como una PMA, no lo va a documentar ante fedatario público.

Audios. ¿Cuál es el valor probatorio de estos? Los videos y demás información recabada durante una visita de verificación de Cofece tiene pleno valor probatorio, pero los audios llegaron de otra manera. Sin embargo, ello no resta que se consideren como pruebas y mediante una pericial en fonetría se identifique si las voces de esos audios son del personal de los licitantes. Otras pruebas serán las comunicaciones (llamadas, mensajes de texto, emails) de los licitantes para confirmar o descartar si se concertaron sus posturas.

Consecuencias. Las personas físicas responsables de PMA serían: inhabilitadas para ser consejeros, administradores, representantes de una persona moral hasta por 5 años; inhabilitadas para participar en contrataciones públicas federales hasta por 8 años; acreedoras a multas de hasta 13.1 millones de pesos; y -a nivel penal- podrán ser sentenciadas con prisión de hasta 10 años. A las empresas responsables las consecuencias serían: multa hasta por el 10% de sus ingresos además de la responsabilidad civil; e inhabilitación para participar en contrataciones públicas federales hasta por 10 años. A diferencia del caso de la insulina donde sí existió un daño patrimonial, en este caso quizá sea difícil demostrar un daño más allá del costo de realizar la licitación, porque –digamos- se estaba perpetrando un homicidio pero los cacharon antes de cometerlo.

Whistleblower. En México con el nombre de Programa de Inmunidad se incorporó la figura del whistleblower, estableciendo incentivos para que aquellos que hayan participado en una PMA, la denuncien, contribuyan con la investigación y con ello se liberen de las consecuencias del ilícito cometido (excepto una multa de 1 salario mínimo). Algo similar existe en la ley anticorrupción que permite reducir hasta en 70% las sanciones a quien confiese haber infringido la ley y coopere. En este caso “alguien” intervino llamadas y las difundió, por lo que no aplican estos programas.

Preguntas sin respuesta. Después del penoso caso de la insulina, ¿qué ha hecho el IMSS para diseñar debidamente las licitaciones y evitar la colusión? ¿Pudo el IMSS licitar una sola partida en lugar de 37? ¿Dónde está la investigación de mercado para demostrar que el IMSS actuó debidamente y no en complicidad con los supuestamente coludidos? ¿Qué tiene que decir al respecto el Testigo Social de la licitación?

¿Y ahora qué? No sólo Cofece y el OIC del IMSS deben investigar estos audios, sino que deben revisar varios años atrás las licitaciones en las que han participado las empresas involucradas. También la Auditoría Superior de la Federación debe hacer sus pesquisas para identificar si en este y otros casos ha habido daños y perjuicios no únicamente al Erario sino al derecho a la salud de los mexicanos. Finalmente, deben acelerarse los procesos y fincar responsabilidades, porque si el caso de la insulina tardó más de una década de que se cometió hasta que se resolvió en definitiva, no se cumple con el mandato constitucional de justicia pronta y expedita.

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