La interrogante y lo inaudito

[Publicado en Reforma el 14 de octubre de 2015]

La red pública compartida mayorista (RPCM) de la cual escribí en este espacio (22.07.15), es el mayor desafío que enfrentan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) porque de ella depende que se logre la inclusión digital de 70% de hogares y 85% de PYMES. Estas autoridades tienen que ejecutar lo que –producto del Pacto por México y negociaciones ulteriores- se plasmó en la Constitución y en la ley, aunque no sea lo más adecuado y harán lo posible dentro de la camisa de fuerza que les impusieron. En este momento está en consulta las prebases de licitación para seleccionar al desarrollador con quien se formará la asociación público privada que recibirá 90 MHz de la banda de 700 y dos pares de fibra óptica de la red que fuera de la Comisión Federal de Electricidad. Se estima que el desarrollador deberá invertir alrededor de 10,000 mdd y asumir todos los riesgos existentes y por existir, tales como la terminación anticipada por razones políticas o el riesgo de una deficiente coordinación institucional. La experiencia de otros países en este tipo de proyectos, no es fácilmente comparable, así que la RPCM es una red en versión chipotle que será un referente, ya sea por su éxito o por su fracaso.

Es frágil el equilibrio que deben lograr las autoridades para favorecer la construcción y operación de la red y al mismo tiempo no distorsionar el mercado por dar condiciones más favorables al desarrollador de la RPCM frente a los demás operadores del sector. ¿Tiene derecho la RPCM a que se le asignen derechos de vía directamente o tendría que sujetarse al procedimiento ordinario? Si se le otorgan derechos de vía, podría infringir el principio de neutralidad a la competencia; si no se le otorgan, puede ser que no se logre desplegar la red en tiempo. Las prebases dejan al desarrollador a su suerte para derechos de vía que son el mayor obstáculo que enfrentan los operadores para desplegar red y cuyos costos son significativos; además de que existen facultades concurrentes de municipios, estados y federación lo que hace complicada una resolución pronta.

Previa opinión del IFT, el desarrollador podrá subarrendar las frecuencias de la banda de 700 MHz (prebases). El desarrollador pagaría conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, hoy en discusión en el Senado y la Cámara de Diputados, una tarifa preferencial, por las obligaciones de cobertura y calidad que tendría. Aunque suena lógico permitir el subarrendamiento –como lo podría hacer cualquier concesionario- y una tarifa reducida por las condiciones especiales, también tiene sus pormenores. Si el espíritu constitucional era dar la joya de la corona en frecuencias para lograr cobertura, ¿se justifica que estas se comercialicen para obtener ingresos que debieran ser del Erario? Y se podrá argumentar que las prebases exigen que el desarrollador comparta las utilidades con el gobierno, pero queda la interrogante de si estas medidas pueden desnivelar el terreno de juego de los demás operadores.

Los servicios de la RPCM deben dar una velocidad mínima de 1 Mbps (subida) y 4 Mbps (bajada), ¿es suficiente o será una carcacha para cuando se termine de instalar la RPCM? Quizá se debieran establecer velocidades incrementales porque lo que hoy es rápido en banda ancha, mañana es lento. La RPCM no debe quedar en manos de inexpertos, pero está prohibido a nivel constitucional que los prestadores de telecomunicaciones tengan influencia en la operación. ¿Cómo hilvanar entre uno y otro? Finalmente, se propone la creación de un organismo descentralizado (OPRITEL) para garantizar la instalación de la RPCM y la prestación de servicios, lo cual es injustificado porque la SCT e IFT debieran hacer esas funciones.

Inaudito. El IFT, por mayoría de votos de los comisionados Borjón, Contreras, Cuevas, Estrada y Fromow, resolvió que “no se tienen elementos de convicción” para determinar a Televisa como dominante en TV restringida. La resolución -que es lo jurídicamente válido- tras argumentar por qué las pruebas y defensas de Televisa no desvirtúan el dictamen preliminar de la Autoridad Investigadora que afirma que sí lo es, decide en 2 páginas que como Televisa y sus competidores han crecido, y a su parecer no puede fijar precios o restringir el abasto a pesar de tener el 62% del mercado, entonces no es dominante. La versión estenográfica dice un poco más que la resolución, aunque sin convencer, ni fundamentar como estaban obligados a hacerlo. Además la discusión final de los comisionados refleja que, aunque podrían iniciar investigaciones en el mercado de publicidad, este caso de la dominancia de Televisa en TV de paga, ya quedó cerrado para siempre.

Print Friendly

Deja un comentario