IFT, ¿disminuyendo derechos? [proyecto Lineamientos Audiencias]

[Publicado en Reforma el 12 de agosto de 2015]

Una de las conquistas de la reforma de telecomunicaciones fue el reconocimiento de los derechos de las audiencias dentro del capítulo de derechos humanos de la Constitución. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que hace unos días cumplió 1 año de haber entrado en vigor, enunció algunos derechos de las audiencias de radio y televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sometió a consulta pública los lineamientos sobre derechos de las audiencias elaborados por la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales (UMCA) que se limitan a repetir lo que les conviene de la Constitución y de la ley, sin aportar cosa alguna más allá de procedimientos burocráticos y obstáculos innecesarios para que los ciudadanos de a pie ejerzan sus derechos como audiencia. Si la UMCA cuesta al mes $2 millones 846 mil pesos (Villanueva, Proceso 2024), ¿se justifica ese costo por un cuasi “copy-paste” y en menoscabo de las audiencias? ¿A los intereses de quién responde la UMCA?

Identidad nacional. La Constitución obliga a que la radiodifusión contribuya a la identidad nacional. El IFT ha reconocido oficialmente que son extranjeros 9 de 10 programas para niños difundidos por televisoras comerciales y 7 de 10 de televisoras gestionadas por el sector público. Estas cifras reflejan que se incumple –con conocimiento del IFT- el artículo 6º constitucional. ¿Cómo justificar que los programas extranjeros promueven la identidad nacional? La experiencia comparada muestra que los reguladores han establecido como derechos de las audiencias infantiles y obligación de los concesionarios de televisión, incluir cierto mínimo de horas dedicadas a niños tanto en edad preescolar como escolar y que esas horas tengan una producción nacional que responda al contexto y realidad de niñ@s.

Calidad. La Constitución exige que la radio y TV brinden pluralidad y tengan calidad. A diferencia de España donde existe una extensa referencia de qué se entiende por pluralidad, los lineamientos nada dicen. Estos lineamientos parecieran que esta característica se reduce a un buen audio y video. Ello ignora las mejores prácticas internacionales que exigen calidad en los programas para niñ@s consistente en que sean creados específicamente para ellos, proporcionen experiencias relevantes, entretenidas y que amplíen la comprensión de su entorno y diversidad cultural.

Obstáculo. Para presentar una queja –proponen los lineamientos- un ciudadano de a pie debe saber bien sobre derechos de audiencia, porque si no señala expresamente cuál cree que fue violentado, ¡mal día! El defensor desechará su queja. ¡El mundo al revés! La relación audiencia/medios es una desigual, en la cual la audiencia es la que debe protegerse, incluso debiera el defensor suplir las deficiencias, tal cual sucede en el Poder Judicial Federal en amparos de ciertas materias o cuando hay niños.

Defensor único. Los lineamientos no ponen límite al número de televisoras y estaciones de radio que pueden nombrar al mismo defensor. Así que si los agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión deciden nombrar a un defensor único, el IFT no lo podrá rechazar. Y como la LFTR negó el acceso a la justicia ante una autoridad, nos contentaremos con ver los derechos de las audiencias en la Constitución pero nunca en nuestra realidad.

Sanciones. La redacción del artículo de sanciones de los lineamientos es equivalente a patear el balón para preservar el régimen de impunidad por violaciones a los derechos de las audiencias. Si existiera un verdadero compromiso del IFT de proteger los derechos de las audiencias, debe -para certidumbre de radiodifusores y audiencias- establecer con claridad las consecuencias del incumplimiento de los derechos de las audiencias. El artículo 298 apartado B fracción IV de la LFTR establece la base pero los lineamientos deben indicarlo expresamente, en lugar de irse por las ramas para dejar defectos jurídicos en los lineamientos que se traduzcan en el sustento para que jamás se pueda imponer una sanción a los concesionarios incumplidos.

Burocracia ilimitada. Si existe una violación a normas de salud o en la programación para niños, el IFT puede decretar la suspensión precautoria. Se supone que estos casos son extremos y que la salud y la infancia son prioridad. Bueno, los lineamientos presentan un procedimiento tortuoso que tardaría al menos 6 días hábiles para resolver después de que la UMCA presente el caso. Dicho de otra manera, si un programa pervierte a la niñ@s y adolescentes o se atenta contra la salud, no hay prisa para el IFT; la salud física y mental de los mexicanos, puede esperar. Ojalá el Pleno del IFT rectifique los lineamientos.

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Publicado el: 7 septiembre, 2015

Categoría: Audiencias, Contenidos Audiovisuales, Regulador (IFT)

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