Espionaje

[Publicado en Reforma el 27 de mayo de 2015]

In memoriam Dr. Salomón Vargas

Intervención de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, videos y mensajería instantánea; acceso al historial de búsquedas web; obtención de archivos de la computadora; encendido del micrófono y de la cámara para grabar audios, tomar fotos y videos desde el celular de una persona sin su consentimiento; decodificación de mensajes encriptados; equipo utilizado remotamente para escuchar conversaciones en casas y oficinas, pudiendo discriminar entre ruidos, música y voces de cada persona; impresoras que mandan a computadoras intrusas una copia de lo que están imprimiendo; ubicación geográfica de celulares, tabletas y otros equipos móviles; uso de drones para obtener información; etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar el espionaje público o privado? Hasta dónde la tecnología lo permite, y el dinero del espía alcance.

La difusión de llamadas de Lorenzo Córdova (Instituto Nacional Electoral), de Ricardo Monreal, de Purificaión Carpinteyro, de directivos de OHL; de los videos de Luis Alberto Villareal y otros panistas en alegres fiestas; lo único que muestran es la ingenuidad de sus participantes. En el mundo contemporáneo debe asumirse que todo lo que se diga y se haga, puede convertirse del dominio público, legal o ilegalmente, por defensores de la patria, un rival, un ex-empleado o por un ex-amante con el corazón herido.

La Constitución establece que las comunicaciones privadas son inviolables y se sancionará penalmente a quien atente contra la libertad y privacía, excepto si una comunicación es aportada voluntariamente por uno de los particulares que participa en ella. Sólo los jueces federales pueden autorizar la intervención de comunicaciones y jamás puede ser en materia electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativa o respecto de comunicaciones entre el detenido y su defensor. El Poder Judicial Federal ha interpretado dicho precepto para establecer criterios específicos como que un cónyuge no puede vulnerar las comunicaciones privadas del otro, es decir, no puede acceder a sus correos electrónicos, ni escuchar sus llamadas. También ha señalado que los datos almacenados en teléfonos móviles y otros aparatos tienen información privada (p. ej. textos, audios, imágenes, videos) y para que una autoridad pueda acceder a ellos, requiere de orden judicial porque se equipara a intervenir comunicaciones. Si se encuentra en la escena del crimen a un presunto responsable y su celular, el ministerio público debe asegurar el celular y pedir una autorización judicial para poder acceder a la información ahí contenida.

La evolución tecnológica ha hecho que se tengan que considerar ilegales nuevas maneras de acceder a información privada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en 2014 que los datos de comunicaciones (p. ej. número de la llamada saliente o entrante, duración, fecha) están vinculados a la vida privada, por lo que su recopilación de manera generalizada a todas las personas quebranta cualquier expectativa de privacidad que debe tener un ciudadano, que sólo puede hacerse por delitos graves, y que no existen criterios objetivos para que el plazo de conservación fuera ampliado de 6 meses a 24 meses. En EUA en estos momentos hay un intenso debate público respecto de si debe prorrogarse la sección 215 de la Patriot Act –cuyo plazo vence el 1 de junio próximo- y que permitió al FBI allegarse masivamente de datos sobre las comunicaciones. En México ni qué decir, porque esos datos se están guardando por los concesionarios de telecomunicaciones por 24 meses y deben entregarlos cuando se los pida una autoridad administrativa y no está limitado a delitos graves. ¿Dónde está nuestra privacidad?

El argumento para reducir la privacidad es la seguridad pública y nacional. Sin embargo, lo menos que se puede exigir es que haya transparencia en cuanto al uso de medidas intrusivas como la intervención de comunicaciones y geolocalización. ¿Cuántos números o emails fueron intervenidos? ¿Por qué delitos? ¿Cuántas intervenciones fueron útiles para el arresto y condena de delincuentes? ¿Cuál fue el costo de las intervenciones? Esta información que en un país democrático es pública, en México ¿hasta cuándo Procuraduría General de República y CISEN la publicarán?

Más allá del espionaje político y comercial que siempre ha existido, hoy entre cámaras de videovigilancia, tecnología de espionaje disponible, vulnerabilidades de los sistemas, decodificadores, la geolocalización de celulares y demás, la privacidad está a la deriva, algunas veces como en México con el aval de la ley autorizando al poder político para espiarnos, otras veces al margen de la ley pero en un país en el que la impunidad es la regla.

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Publicado el: 1 junio, 2015

Categoría: Espionaje, Política

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