Transparencia y anticorrupción, ¿son suficientes?

[Publicado en Reforma el 13 de mayo de 2015]

Igual que un mercado en competencia requiere de información para la toma de decisiones, los países que pretendan ser democráticos deben contar con mecanismos efectivos para que la ciudadanía acceda a la información y de esta manera pueda exigir una debida rendición de cuentas. En este contexto es importante tanto la reforma constitucional anticorrupción pendiente de publicación como la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor hace unos días y que es obligatoria a todas autoridades de los tres niveles de gobierno, los órganos constitucionales autónomos, sindicatos, partidos políticos, y cualquiera que ejerza recursos públicos. La transparencia y el combate a la corrupción va más allá de textos legales y exige un compromiso de las autoridades. ¿Qué pendientes hay? 

Poder Judicial Federal. El PJF ha sido ejemplo de apertura y transparencia. Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son públicas y hay acceso a las sentencias. Sin embargo, se suprimen nombres de empresas que prestan servicios públicos y se colocan asteriscos en su lugar, limitando el derecho a saber. Independientemente de si se considera que la definición de datos personales en la ley federal que refiere a aquellos de una “persona física identificada o identificable” pueda extenderse a las personas morales, lo cierto es que en todo asunto judicial en que una persona (física o moral) actúa como concesionario de un servicio público, la sociedad tenemos derecho a saber quiénes son y cómo resolvieron los tribunales.

Sesiones públicas. Además de la Corte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional Electoral tienen sesiones públicas. En cambio las sesiones del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son a puerta cerrada. Debe reconocerse que el IFT hace muy buena labor en hacer públicas las versiones esteneográficas, subir los audios y las actas después de la sesión. Sin embargo, todo ello no es equivalente a poder acceder en tiempo real a las discusiones de los comisionados. Además la ley de telecom señala que las sesiones serán públicas y sólo cuando haya un asunto confidencial o reservado se realizará la discusión en sesión privada. De las 30 sesiones del Pleno del IFT de este año, únicamente en 7 se reservó algún asunto, 4 por información confidencial y 3 por datos personales. ¿Por qué la regla es la secrecía de las sesiones en lugar de ser la excepción?

Confidencialidad probada. Los particulares normalmente prefieren que toda la información que proporcionan sea confidencial; sin embargo, tratándose de servicios públicos o de combate a prácticas monopólicas, las autoridades deben verificar si efectivamente se trata de información confidencial o no. Caso concreto es el de las multas a Telmex, MVS y Dish por una concentración no notificada, en la que el IFT tachó todos los fragmentos de los contratos de esas empresas que le sirvieron de sustento para su determinación y que privó a la sociedad de hacer un escrutinio.

Sanciones. Si una persona es sancionada en definitiva por el IFT, el nombre de esa persona debiera aparecer en las versiones públicas porque estamos ante servicios públicos de interés general o bien, ante el uso ilegal de bienes de dominio de la Nación.

Declaraciones. La reforma anticorrupción fue anunciada como un hito en el combate a la corrupción. Pero eso puede ser ilusorio y el caso emblemático es lo relativo a las declaraciones patriminoniales y a la de intereses. Si bien la reforma las exige, jamás señala que serán públicas. Entonces, ¿cómo podemos saber si existe o no un conflicto de interés si las declaraciones de interés son secretas? Otra opción es que sean voluntarias y para eso no se requiere ley, tal como lo hizo la comisionada Adriana Labardini del IFT y los miembros del Consejo Consultivo al publicar sus declaraciones de intereses.

Revés al Senado. La Corte le puso un hasta aquí al Senado en su lucha de poderes. Aunque por consideraciones distintas, los ministros mostraron coincidencia en cuanto al resultado: el IFT tiene a nivel constitucional facultad para expedir regulación y debe haber deferencia regulatoria. Caso a caso se irá decidiendo hasta donde llega la facultad regulatoria del IFT y la facultad legislativa del Congreso de la Unión. Una pregunta quedó pendiente de resolver, ¿qué pasa en los casos en que la ley quebrantó el espíritu de la Constitución y el mandato constitucional del IFT? ¿Puede el IFT inaplicar la ley para así poder cumplir con la Constitución o debe observar la ley aunque quebrante la Constitución?

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