Del tren a la red de telecom [Red Compartida Mayorista y Banda 700 MHz]

[Publicado en SDPnoticias el 10 de febrero de 2015]

La cuestionada licitación del tren México-Querétaro ganada transparentemente por el único participante que era formado por el consorcio de China Railway y Grupo Higa del amigo del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, entra en la etapa dramática: el consorcio está pidiendo se le reembolsen los gastos incurridos por la cancelación de la adjudicación tras el escándalo de la casa blanca de la primera dama. De gastos seguramente reclamarán varios millones porque incluye los costos de preparación de la propuesta (honorarios del personal, materiales y equipo de oficina), los viáticos para los trabajos, juntas de aclaraciones y demás. Pero el esquema de licitaciones y adjudicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debiera de revisarse con lupa para evitar que la opacidad, (im)parcialidad y demás prácticas, sigan impactando los recursos públicos. Caso emblemático es el proceso para la construcción y operación de la red pública compartida mayorista que tiene a su cargo la SCT.

Datos oficiales de la SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estiman que la inversión de la red compartida mayorista (RCM) a través de una asociación público-privada involucrará una inversión de 10,000 millones de dólares, más la aportación en especie del derecho de uso de la banda de frecuencias de 700 MHz. La instalación y operación de la RCM está ordenada por un artículo transitorio de la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones de 2013 que ordenaba que para 2014 se iniciara su instalación y para fines de 2018 la RCM ya estuviera en operación. A esta fecha sólo hay unas pruebas piloto que está cuesta arriba considerar como el inicio de la instalación de la RCM.

¿Para qué una RCM? En el idilio de amor entre políticos derivado del Pacto por México, la RCM se estableció como una manera de llevar telecomunicaciones al 98% de la población. La RCM utilizara la banda de 700 MHz que es considerada una autopista de alta velocidad para comunicaciones móviles. La nueva era que estamos viviendo deja atrás las comunicaciones de voz para dar paso a aquellas de datos (p. ej. redes sociales, correo electrónico). La RCM será una red mayorista, es decir, sus clientes serían sólo comercializadoras y operadores de red que a su vez venderían los servicios a los usuarios finales.

¿Cuáles son las posturas? Aunque el propósito es loable, se han alzado voces en contra. Se ha cuestionado si la creación de la RCM tiene un propósito de interés público o sólo un interés privado. Si la inversión de miles de millones de dólares se justifica o si existen alternativas menos gravosas y más rápidas para proveer telecomunicaciones aprovechando redes ya instaladas. A nivel técnico la interrogante es si existen las economías de escala suficientes para que los precios de los equipos e infraestructura sean razonables, o si por el contrario, México será el conejillo de indias sin expectativas realistas de resultados positivos a nivel costo-beneficio. Dentro de los que están a favor de la RCM es la SCT y los fabricantes de equipos, por obvias razones. La parte formal para estar a favor sería que es un mandato constitucional, pero una inversión de tal magnitud amerita una reflexión aún estando en la Carta Magna.

¿Neutralidad a la competencia? Desde 1995 México forjó su modelo de desarrollo de telecomunicaciones en un sector privado en competencia, pensando que esta puede lograr que existan más y mejores servicios de telecomunicaciones y a mejores precios. El caso es que la RCM será una asociación público-privada en la cual el privado realizará inversiones económicas y el gobierno dará sus recursos en especie como la banda de 700 MHz, la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y “cualquier otro activo del Estado” (http://bit.ly/1vDBh7S). La gran pregunta es si ello quebrantará o no la neutralidad a la competencia, entendida esta como que todos los operadores de telecomunicaciones sean privados o públicos tengan la misma oportunidad para competir y no existan beneficios indebidos. Si no existen reglas claras y parejas, el sector privado estará en clara desventaja frente a la asociación público-privada y frente a las empresas del Estado dado que es común darle prioridad en tiempo y costo a las entidades públicas.

Pago de derechos. Y si de incógnitas en cuanto al respeto a la neutralidad a la competencia se trata, el caso del pago de derechos por la banda de 700 MHz es emblemático. El presidente Peña Nieto en su propuesta de cobro de derechos por esa banda, abogó por un plazo de gracia para 2015 en el cual no se pagaría un solo peso y para años subsecuentes pidió al Congreso de la Unión una tarifa menor a lo que pagaría un concesionario de telecomunicaciones común y corriente. La razón para una tarifa menor es la “carga regulatoria” que enfrentaría la RCM. Esa “carga regulatoria” no viene bien a bien definida en los documentos que se han hecho públicos por la SCT y el IFT, quienes siempre hablan de carga en cuanto a cobertura, calidad, compartición de infraestructura, venta desagregada de servicios y capacidad, no discriminación. En esta generalidad de “carga regulatoria”, bien podría América Móvil demostrar que tiene esas mismas obligaciones conforme a la declaratoria de agente económico preponderante, y por ello le debieran hacer el descuento por el uso de sus frecuencias igual que se lo harán a la RCM. ¿Se mide a todos con la misma vara?

Deloitte el consultor estrella. La SCT en una invitación restringida en la que el único participante fue Deloitte, le otorgó un contrato de servicios de consultoría técnica por 114 millones de pesos por 9 meses de su trabajo. A decir de la SCT, Deloitte fue el único interesado en participar de los 6 invitados. ¿Habrá dado la SCT igualdad de oportunidad para presentar una propuesta o dio un plazo tan breve que sólo uno pudo participar?

¿Consulta a modo? La SCT está haciendo una consulta en la cual se “reserva el derecho de admisión” a los que deseen participar (http://bit.ly/1vDBh7S). Independientemente de que ello viola el derecho a la información y es una discriminación injustificada, ¿será que SCT sólo quiere escuchar a los que validen su proyecto oculto?

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