Evasiones e indefensiones

[Publicado en Reforma el 26 de noviembre de 2014]

Si en México hubiera capacidad de reconocer errores y asumir responsabilidades, evolucionaríamos. ¡Imagínese que el presidente Enrique Peña Nieto renunciara para ser congruente con su discurso de combate a la corrupción y la señora Angélica Rivera pidiera disculpas por tratar de ofender la inteligencia de los mexicanos y se inscribiera en un curso de Ética!

El Congreso de la Unión reconocería su error de haber incluido en la Constitución la ocurrencia del expresidente Felipe Calderón de que el apagón analógico fuera el 31 de diciembre de 2015 con el costo al dinero público de entre 26 y 33 mil millones de pesos por regalar televisores y en pleno proceso electoral. También el Congreso aceptaría que incluir en la Carta Magna que se licitaran concesiones de TV abierta con cobertura nacional, privó de alternativas locales y regionales, así como incumplió con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que el criterio económico no debe ser el que defina a los ganadores.

Los senadores que condenaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones por cumplir con el mandato de ley de expedir las Reglas de Portabilidad y establecer, como en cualquier implementación un periodo de ajuste de sistemas y procesos, les pedirían disculpas a los comisionados que hasta los amenazaron con que podría ser causa de remoción. Además, ¿fue casualidad que los legisladores se pronunciaran justo 2 días después de que Televisa lanzó su marca izzi y con la que pretende atraer clientes de América Móvil? O sólo apoyan a izzi que mandó al IFT a su Vicepresidente Adolfo Lagos para hacer el show, perdón, para presentar un escrito contra Telmex que normalmente cualquier pasante entregaría.

Y mientras México resurge o se hunde más, el IFT sometió a consulta pública un anteproyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y “Justicia” (comillas de la autora). El proyecto se consultó con autoridades y empresas, pero nunca con las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué?

El punto más álgido para la sociedad en el proceso de reforma de ley fue precisamente el capítulo de Colaboración con la “justicia” que prevé la geolocalización y la conservación de datos de nuestras comunicaciones, lo cual debe equipararse a la intervención de comunicaciones, porque fácilmente reflejan nuestras costumbres, estado de salud, preferencias sexuales, afiliación política o sindical, etc.

La propuesta presidencial definía como instancias de seguridad al CISEN, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, y las facultaba para pedir la geolocalización de equipos móviles y los datos de nuestras comunicaciones para producción de “inteligencia”. Esta es “el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional” (Ley de Seguridad Nacional), por lo que cualquier cosa puede avalar la geolocalización y ni siquiera tienen que estar persiguiendo un delito, ni tener evidencia de riesgos a la seguridad nacional. El proyecto del IFT dice que son instancias de seguridad: la PF, CISEN “y las demás instancias”. ¿Regresamos a la discusión inicial?

En geolocalización la SCJN avaló una versión light en comparación a lo que quedó en la nueva ley. Uno de sus argumentos fue que la geolocalización era sólo en tiempo real. Ahora debieran ver el monstruo en el proyecto: la geolocalización durará el tiempo que especifique la autoridad. ¿Y los derechos ciudadanos? Negados.

Si ni el Congreso, ni el IFT pueden identificar un catálogo de leyes, autoridades y supuestos en los que geolocalizarán nuestros equipos móviles, ¿por qué esperan que los ciudadanos lo podamos hacer? ¿O es deliberado dejar en indefensión a la sociedad? No se sorprenda si en una ley cualquiera de repente el SAT tiene facultades para pedir sus datos de comunicaciones o geolocalizar su celular, para cualquier razón sin que sea por delito grave.

En países democráticos para una rendición de cuentas y para combatir abusos de autoridad, se debe informar a las personas cuando fueron objeto de geolocalización o cuando fueron proporcionados sus datos de a quién llaman, quién les llama, duración, fecha y hora de sus comunicaciones. ¿Existe algo similar en el proyecto IFT? No y además permite que se borren nuestros datos personales “una vez cumplido el fin” y esto lo decide la propia autoridad. El IFT puede evitar cometer errores si al emitir los Lineamientos finales pone los derechos humanos como su objetivo, mas aún cuando México está en una crisis de credibilidad y respeto a derechos humanos. ¿Se pronunciará al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

telecomysociedad.blogspot.mx

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Publicado el: 27 noviembre, 2014

Categoría: Académicos / Investigación, Medios, Política

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